El grupo MIRAS de la UAB estudia los problemas en el ámbito de la interpretación judicial

El grupo MIRAS de la UAB estudia la grave situación que atraviesan los servicios de traducción e interpretación judicial en Cataluña, a consecuencia de años de precarización, falta de profesionalización y modelos de externalización que comprometen directamente la calidad de las interpretaciones en los tribunales.

En el marco del proyecto de investigación TIPp («Traducción e Interpretación en los Procesos Penales»), «La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal» (FFI2014-55029-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el grupo de investigación MIRAS de la UAB analizó 55 vistas judiciales reales grabadas en diez juzgados penales de Barcelona, con un total de 1.116 minutos de grabación e interpretaciones en inglés, francés y rumano. Los resultados mostraron que, de media, en el 54 % del contenido de las vistas no se interpretaba al acusado.

La investigación detectó, además, una media de 21,1 errores graves por hora bilingüe en los fragmentos que sí que se interpretaban, entre omisiones de información relevante, adiciones, falsos sentidos e intervenciones sin sentido. Se trata de errores calificados como graves precisamente porque pueden afectar a la comprensión del juicio y, potencialmente, a su desarrollo.

La investigación posterior del grupo MIRAS ha continuado constatando problemas relacionados con la competencia lingüística, el desconocimiento del papel profesional del intérprete y la falta de aplicación de los principios deontológicos propios de la interpretación judicial. Estos estudios han insistido en la necesidad de mejorar la cualificación de los intérpretes judiciales y, a la vez, de formar y sensibilizar a los operadores jurídicos sobre las condiciones necesarias para que la interpretación pueda desarrollarse adecuadamente.

Áreas de mejora

Los hechos ocurridos a raíz del juicio a Roger Español constatan los resultados de la investigación: empresas adjudicatarias que designan a intérpretes sin la competencia lingüística necesaria para llevar a cabo el servicio; abogados que se han visto obligados a traducir sus propias intervenciones o a renunciar a utilizar el catalán, e intérpretes que trabajan con una antelación mínima, sin suficiente información sobre los procedimientos en los que tienen que intervenir y en condiciones económicas difícilmente compatibles con la exigencia de un servicio profesional de una alta complejidad.

Según el grupo MIRAS, hay que aplicar diferentes mejoras:

- Una revisión del modelo de contratación pública de estos servicios en Cataluña, incorporando criterios de adjudicación que garanticen efectivamente la calidad del servicio. En el concurso actual, 66 de los 100 puntos de valoración corresponden a la oferta económica, mientras que «la formación específica del personal intérprete y traductor relacionada con la Administración de justicia» representa un máximo de 5,5 puntos. La documentación contractual prevé también la valoración de la disponibilidad de personal intérprete y traductor con un nivel superior de conocimiento de derecho y de las lenguas oficiales de Cataluña, pero este criterio tiene un peso máximo de solo 4 puntos en la valoración de las ofertas.

- Revisar el establecimiento de requisitos claros y verificables de cualificación y competencia profesional para todas las personas que ejercen como intérpretes judiciales. Los requisitos actuales no garantizan que todas las personas que prestan estos servicios dispongan de una formación y una cualificación profesional específicas. En cuanto a los idiomas considerados de demanda habitual, el pliego permite que un 60 % de los intérpretes no acrediten conocimiento lingüístico mediante titulaciones académicas oficiales.

- A pesar de ser una condición imprescindible, la competencia lingüística no puede constituir por sí sola una acreditación suficiente de la competencia profesional. Acreditar el conocimiento de una lengua no equivale a acreditar la competencia necesaria para interpretar en un procedimiento judicial. La interpretación judicial requiere competencias específicas en interpretación, conocimiento jurídico y procesal, dominio de la terminología especializada y conocimiento y aplicación de los principios éticos y deontológicos de la profesión.

- Implantar mecanismos efectivos de control y seguimiento de la calidad, que permitan comprobar de manera continuada que los profesionales que prestan los servicios cumplen realmente las condiciones previstas en los pliegos y disponen de las competencias adecuadas para cada encargo.

- Acompañar estas medidas de exigencia técnica con unas condiciones laborales y retributivas dignas, en sintonía con el alto nivel de responsabilidad, especialización y disponibilidad que requiere la interpretación en el ámbito de la justicia. La calidad del servicio no se puede garantizar partiendo de la precarización de las personas que prestan el servicio.

- Una planificación organizativa adecuada, que permita asignar a los profesionales con suficiente antelación y facilitarles la información y los materiales necesarios para preparar las intervenciones con rigor. El acceso a esta información no tendría que verse limitado por consideraciones genéricas de confidencialidad, dado que los intérpretes, como el resto de los profesionales que intervienen en el ámbito judicial, están sujetos a los correspondientes deberes de confidencialidad y secreto profesional.

- Dedicar una atención específica a la garantía efectiva del uso del catalán en el ámbito judicial. El pliego obliga a la empresa adjudicataria a garantizar la prestación del servicio en lengua catalana y establece que, cuando el intérprete asignado no pueda prestarlo directamente en esta lengua, se tiene que asignar un segundo intérprete que haga de enlace catalán-castellano o castellano-catalán, sin ningún coste adicional para la Administración. La formación en catalán se ofrece en todas las facultades de interpretación y traducción, por lo que el acceso a profesionales que trabajen con esta lengua no tendría que suponer ningún problema, especialmente en la combinación lingüística catalán-castellano.