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Antes de finalizar el año 2017, la histórica Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) está obligada por la Unión Europea a convertir las instalaciones de producción del cloro basadas en células de mercurio a tecnología de membrana. No hacerlo, significará poner fin a más de cien años de historia productiva y dejará a la población sin una importante fuente de ingresos y sin el símbolo que lo ha identificado durante más de un siglo.

Pero la actividad de EQF ha comportado también importantes impactos ambientales en el territorio, así como la acumulación de un gran pasivo ambiental. Devolver al territorio la calidad ambiental supondrá, como mínimo, del orden de 400 a 500 millones de euros, que de momento son asumidos en gran parte por las administraciones públicas y no por la empresa.

La investigación realizada en esta tesis doctoral demuestra la existencia de responsabilidad objetiva por parte de la empresa (independientemente de la voluntad de generar daño o de la existencia de negligencia), además de subjetiva (según la sentencia por delito ecológico contra la empresa del año 2003). Aun así, ésta no ha querido reconocer como propios los daños causados y ha traspasado a la población estos costes ambientales.

La Electroquímica de Flix, implantada en el municipio en 1897 con tecnología alemana de Chemische Fabrik Elektron Griesheim y capital inversor español, ha sido una industria estratégica en el ámbito estatal y nacional hasta entrados los años 70. Personajes como el Conde de Romanones, Francesc Ripoll i Fortuño y Josep Valls i Taberner (“catalanes de Burgos”), Josep Piqué i Camps o el actual presidente del grupo Ercros, Antoni Zabalza, demuestran la implicación política de la dirección al largo del siglo XX. Este hecho, junto con la tolerancia de las administraciones públicas a la hora de hacer cumplir las normas ambientales, antes y después de la dictadura franquista (desde los años 70 la empresa ha incumplido sistemáticamente las condiciones impuestas por las autorizaciones de vertido que le reclamaban la limpieza del río), ha comportado la dispersión de una gran diversidad de contaminantes al medio.

Durante décadas, la actividad industrial ha introducido al ambiente de Flix metales pesados como el mercurio o el cadmio, compuestos organoclorados como el hexaclorobenceno, el diclorodifenildicloroetileno o el pentaclorobenceno, así como varios elementos radiactivos como el uranio-238, el radio-226 o el plomo-210.

Instituida inicialmente para la producción de cloro, sosa y cloruro de cal para la industria textil y papelera, se fue diversificando hacia la producción de tintes y colorantes (derivados del benceno y la anilina), disolventes industriales (tricloroetileno y percloroetileno), fertilizantes (derivados del amoníaco), pesticidas (DDT), retardantes de llama y refrigerantes (PCBs y CFCs), aditivos para alimentación animal (fosfato bicálcico) y productos para el tratamiento de aguas (policloruros de aluminio y ácido tricloroisocianúrico). La dirección alemana supo sacar provecho de los conflictos bélicos de la primera mitad de siglo XX, constituyéndose en varias ocasiones como industria de guerra.

El cierre del río para la construcción de la central hidroeléctrica en los años 40, rompió la barrera energética impuesta a la producción, pero creó una nueva al impedir la evacuación de los contaminantes río abajo. Desde entonces, se han acumulado en el embalse de Flix 700 mil toneladas de barros contaminados que han provocado la obstrucción de hasta un 60% del paso de la corriente y han comportado el costoso proyecto de descontaminación, actualmente a punto de ser finalizado.

En los años 80 se detectó a la atmósfera unas concentraciones de hexaclorobenceno cien veces superiores a una estación de control en Barcelona, mientras la población mostraba importantes tasas de acumulación del contaminante en el cuerpo. Los niños mostraban también elevadas concentraciones de DDE y metilmercurio, susceptibles de afectar su desarrollo cognitivo.

A partir de los años 80, el traslado de buena parte de la producción al polo químico de Tarragona, y la entrada de España en la Comunidad Europea, provocó el cierre de buena parte de las líneas de producción de organoclorados. Entrados los 2000, la caracterización de los suelos industriales donde han estado ubicadas las instalaciones ha mostrado elevadas concentraciones de los mismos contaminantes a profundidades de hasta 12 m. Algunas parcelas muestran niveles de los contaminantes varios órdenes de magnitud por encima de lo legalmente permitido. Aun así, las condiciones de confinamiento de los contaminantes en el suelo han servido para justificar hasta ahora la ausencia de actuación.

La voluntad, por parte de las administraciones públicas, de no crear alarma social y la incertidumbre respecto de las cuestiones sanitarias que han rodeado el caso, comportó que a finales de 2001 se produjera uno de los episodios de contaminación más importantes de la historia de EQF, al suministrar la planta depuradora de L'Ampolla agua contaminada con mercurio hasta 7 veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud a la población de las comarcas tarraconenses.
 
A lo largo del siglo, los impactos e incidentes se han acumulado. ¿Por qué pues, la reivindicación ambientalista por parte de la sociedad (administraciones y población) ha sido tan débil? La población ha ido adquiriendo a lo largo del siglo XX un sentimiento de pertenencia a la fábrica que ha ido creciendo. La fábrica ha sido considerada el nuevo lugar “especial” del municipio, desplazando la importancia social que el río Ebro había tenido históricamente para la población. Su calidad ambiental se fue deteriorando progresivamente y muchas de sus funciones sociales y/o económicas se fueron perdiendo. Los efectos de los elevados niveles de exposición ambiental a los contaminantes han sido banalizados ante la inmediatez y tangibilidad de los accidentes industriales, mientras que el “capital social” del que había dispuesto el municipio a principios de siglo XX se fue desarticulando por la fuerte represión política ejercida por la dirección de la fábrica sobre la población republicana, especialmente durante la Guerra Civil y el Franquismo. Todo esto ha comportado la aceptación de los impactos bajo el argumento de que era el precio a pagar por los beneficios materiales que históricamente ha comportado la actividad.

Poniendo en común las perspectivas de análisis de la historia ambiental y la economía ecológica, la investigación realizada en esta tesis desmonta el argumento de la compensación social, que ha sido ampliamente utilizado por administraciones públicas, la dirección de la empresa y la misma población local, para exonerar al grupo Ercros respecto de la restitución ambiental del territorio y de compensar su gente respecto de los impactos que ya no podrán ser revertidos.