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Al mismo tiempo que se extiende en muchos países la controversia sobre la elección de escuela, la participación de instituciones privadas en el sector educativo, y las reformas legales correspondientes, un gran número de especialistas estudian las implicaciones de esta convivencia de instituciones diferentes bajo el mismo paraguas del presupuesto público. De hecho, España y Chile son dos casos muy relevantes para averiguar, porque una considerable proporción de estudiantes se matricula en escuelas privadas apoyadas por un subsidio del estado. Las preguntas son muy diversas. ¿Estos regímenes institucionales realmente amplían el margen de elección de las familias? ¿Las escuelas concertadas o subvencionadas cobran siempre unos honorarios, además de la ayuda pública? ¿Estas escuelas seleccionan en todas partes su alumnado? ¿Qué efectos tienen estos honorarios y esta selección? ¿La coexistencia de dos tipos diferentes de instituciones estimula una competencia para mejorar los métodos de enseñanza y los rendimientos académicos? ¿Tiene algo que ver con el incremento de la segregación escolar que se ha observado en casi todas partes? El hecho es que las escuelas privadas que reciben dinero público en algunos países piden cuotas y en otros no, además, en unos pueden imponer sus criterios de admisión y en otras lo tienen prohibido. Sus efectos sobre la calidad académica varían bastante, en ambos sentidos, y al final no son la única causa de la segregación escolar.
 
Un equipo de investigadores ha comparado el juego de las fuerzas políticas que defienden y atacan las escuelas concertadas en España y las escuelas subvencionadas en Chile. Nos preguntábamos cuales podían ser las semejanzas y las diferencias más allá de los datos estadísticos y de las leyes. Y hemos llegado a la conclusión de que la principal variación es cuantitativa, ya que las desigualdades y la segregación escolares son mucho más acusadas en Chile que en España, pero una buena parte de los procesos de fondo han sido muy similares. En primer lugar, en ambos países durante las transiciones democráticas los gobiernos hicieron un importante intento de regular el sector escolar privado, que las respectivas dictaduras habían subvencionado ampliamente. En segundo lugar, también se han desatado verdaderas movilizaciones sociales tanto a favor como en contra de una regulación más estricta. Y finalmente, nuestras observaciones de algunas realidades locales aquí y allá han puesto de manifiesto que las escuelas privadas financiadas con dinero público disponen de un amplio abanico de instrumentos, formales y también informales, para imponer el grueso de sus intereses, muy especialmente en cuanto a la selección de su alumnado.
 
Creemos que nuestro análisis también pone de manifiesto dos cuestiones que a menudo pasan desapercibidas en el debate político sobre el tema. Cabe decir que las olas de reformas y de movilizaciones han encendido la polémica hasta convertirla en una señal de identidad política. Esto no es malo, al contrario, es una señal de vitalidad democrática, pero a veces un debate muy intenso da tanta importancia a unos temas que deja otros de lado. Nosotros quisiéramos hacer un par de sugerencias recordando que todos los subsidios públicos deberían responder a unas mismas condiciones. Si estamos de acuerdo con este criterio, que afecta tanto a la educación como a la construcción de infraestructuras o a la gestión del agua y la luz, las luchas de estos dos países llaman la atención sobre algunos aspectos. Por un lado, las escuelas concertadas y subvencionadas pueden disponer de varios márgenes de discrecionalidad para discernir su alumnado, hasta el punto que en estos dos casos utilizan filtros económicos (pero en otros países lo tienen prohibido). Por otro, un conocimiento más exhaustivo de las finanzas del sector daría mucha más luz sobre las necesidades de estas instituciones, y sobre el peso relativo de las ayudas en el conjunto de sus ingresos. En fin, la discusión podría avanzar bastante si surgieran más diagnósticos y más propuestas sobre las maneras de mejorar los procedimientos de matriculación escolar y sobre la contabilidad de todas las escuelas, tanto en España como en Chile.